Iris Marín y Gregorio Eljach cuestionaron la suspensión del empalme y pidieron garantizar la transición entre gobiernos tras las elecciones. Los funcionarios recordaron que las controversias electorales deben resolverse por las vías institucionales.
La suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, generó un llamado de atención por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió al jefe de Estado y al senador Iván Cepeda respetar los resultados oficiales de las elecciones y permitir que el proceso de transición avance conforme a las normas constitucionales.
«El desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción del proceso de empalme generan una tensión institucional que debe superarse en favor de una transición que ponga en el centro las necesidades del país y de todas las personas que lo habitan», afirmó Marín.
La funcionaria señaló que cualquier ciudadano o entidad del Estado tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos judiciales cuando considere que existen controversias por resolver. Sin embargo, recordó que las autoridades electorales ya reconocieron al presidente electo y que las decisiones deben tramitarse por las vías establecidas.
«La transición entre gobiernos no es una decisión política, sino un deber constitucional y legal», indicó la Defensoría, al señalar que el empalme permite garantizar la continuidad de los servicios y el funcionamiento de la administración pública.
Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado al Gobierno saliente, al presidente electo y a los diferentes sectores políticos para que adelanten la transición bajo los principios constitucionales.
«Estamos asistiendo a una legítima transición democrática luego de que el mayor número de ciudadanas y ciudadanos de la historia se expresó de manera libre en las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y al nuevo mandatario de los colombianos», señaló.
El procurador recordó que la autoridad electoral ya expidió las credenciales correspondientes y que las reclamaciones que permanezcan deberán ser resueltas por los jueces competentes.
Mientras avanzan estas discusiones, el equipo del presidente electo informó que adelanta una revisión de contratos en el Secop, recopila denuncias ciudadanas y presenta derechos de petición para establecer las condiciones en las que recibirá el Gobierno el próximo 7 de agosto