Servicios Especiales El Sol de la Variante S.A.S., contratista del millonario contrato de polémicas por procesos de contratación en entidades públicas del Tolima.

Un contrato que supera los $11.000 millones volvió a poner el reflector sobre la contratación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).
La beneficiaria es Servicios Especiales El Sol de la Variante S.A.S., empresa encargada de prestar el servicio de transporte terrestre para la entidad ambiental mediante un contrato cuya cuantía supera los $11.129 millones, convirtiéndose en uno de los procesos de mayor valor adjudicados por la corporación en ese rubro.
Sin embargo, no es la primera vez que el nombre de esta empresa aparece en el debate público.
En los últimos años, se han publicado investigaciones y reportes relacionados con procesos contractuales en los que ha participado la compañía.
Uno de ellos fue en 2020, cuando se publicó una investigación sobre una licitación de Infibagué para el alquiler de vehículos, proceso que terminó adjudicado a Servicios Especiales El Sol de la Variante S.A.S. luego de que fuera el único proponente habilitado. En esa oportunidad, se cuestionó la transparencia del proceso.
A ese episodio se sumaron posteriores investigaciones que volvieron a mencionar a la empresa dentro de investigaciones relacionadas con contratación pública durante administraciones locales, como la del exalcalde Andrés Hurtado, manteniendo su nombre en el debate sobre el destino de recursos públicos en el Tolima.
Ahora, el nuevo contrato con Cortolima revive esos antecedentes.
La adjudicación también coincide con cuestionamientos recientes sobre la forma en que la corporación administra algunos de sus recursos.
Una investigación publicada por Al Contraste reveló que Cortolima reportó gastos superiores a $1.800 millones en viáticos durante 2025 y 2026. No obstante, la entidad únicamente entregó cifras consolidadas y omitió informar aspectos como los funcionarios que viajaron, los destinos, los conceptos de los desplazamientos y el valor individual de cada comisión.
De acuerdo con la investigación, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, tampoco respondió los interrogantes enviados por el medio sobre el detalle de esos gastos, pese a tratarse de recursos públicos cuya destinación fue solicitada mediante un derecho de petición.
La falta de respuestas, sumada al millonario contrato de transporte adjudicado por la corporación, vuelve a poner bajo la lupa la contratación de Cortolima y el manejo de los recursos destinados a logística, transporte y viáticos, pero, aparentemente, en pocas obras en beneficio al medioambiente.
Incluso se han reportado invaluables daños ambientales por el aumento de la minería ilegal en el sur del departamento, situación que, al parecer, se le salió de las manos a las autoridades regionales.
