El Ministerio Público solicitó información sobre consejos de seguridad, PMU, alertas tempranas, espacios de diálogo y recursos destinados al fortalecimiento de la Fuerza Pública durante el segundo trimestre de 2026.
La Procuraduría General de la Nación requirió a varias autoridades del Tolima información sobre las medidas adoptadas para preservar el orden público y prevenir posibles vulneraciones a los derechos humanos durante el segundo trimestre de 2026.
El requerimiento fue dirigido a la Policía Metropolitana de Ibagué, la Policía Departamental, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Tolima, entidades a las que se les solicitó entregar un balance de las actuaciones adelantadas durante ese periodo.
Entre la información solicitada se encuentran los consejos de seguridad realizados, los Puestos de Mando Unificado (PMU) convocados y los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a los compromisos establecidos en esos espacios.
La Procuraduría indicó que la solicitud hace parte de sus funciones preventivas y de vigilancia de la gestión pública.
El organismo de control también pidió conocer qué acciones se han desarrollado para evitar que se repitan hechos que puedan alterar el orden público en el departamento, así como las iniciativas adelantadas para promover espacios de diálogo social.
Dentro del requerimiento también fueron incluidos los encuentros de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y el nivel de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo a través de sus Alertas Tempranas.
Otro de los puntos sobre los que la Procuraduría solicitó información está relacionado con los recursos destinados al fortalecimiento de la Fuerza Pública en el departamento.
Las autoridades deberán aportar además los soportes documentales que permitan verificar las actuaciones adelantadas por la administración departamental frente a las medidas de seguridad y preservación del orden público durante el periodo requerido.