Durante un debate de control político, el concejal Jorge Bolívar aseguró que una empresa identificada como Sky habría recibido más de $17.000 millones en contratación por parte de la Alcaldía de Ibagué y otras entidades municipales.
Durante un debate de control político realizado en el Concejo de Ibagué, el concejal Jorge Bolívar denunció presuntas irregularidades en varios contratos adjudicados a una empresa identificada como Sky, la cual, según afirmó, ha sido una de las más beneficiadas con recursos públicos durante la actual administración municipal.
El cabildante señaló que, aunque existe una investigación relacionada con un contrato para la compra de alimento para perros y gatos, su intervención se enfocó en otros procesos contractuales que, a su juicio, merecen ser revisados por los organismos de control.
Entre los casos expuestos, Bolívar mencionó contratos para el suministro de kits de aseo destinados a personas privadas de la libertad, en los que aseguró haber identificado presuntos sobrecostos superiores al 50 por ciento. También hizo referencia a un contrato para la pintura de fachadas de la Alcaldía por cerca de 700 millones de pesos.
De igual manera, sostuvo que la empresa ha participado en la prestación de servicios de aseo mediante procesos de tercerización que, según sus cálculos, superan los 11.000 millones de pesos. A esto se sumaría un nuevo contrato proyectado para 2026 por aproximadamente 2.900 millones de pesos.
Bolívar aseguró que la contratación no se limita a la Administración Municipal. Según indicó, otras entidades como el IBAL, el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) y la Unidad de Salud de Ibagué también habrían suscrito contratos con la misma empresa.
De acuerdo con las cifras presentadas durante el debate, la contratación acumulada alcanzaría cerca de 17.000 millones de pesos.
El concejal también afirmó haber encontrado presuntas inconsistencias relacionadas con los aportes a seguridad social de trabajadores vinculados a los contratos de aseo. Según explicó, algunos procesos contemplaban la prestación del servicio por alrededor de 160 personas durante casi un año; sin embargo, las planillas revisadas reflejarían aportes correspondientes únicamente a entre 40 y 50 trabajadores.
A juicio de Bolívar, esta situación debe ser objeto de verificación por parte de las autoridades competentes para determinar si existió alguna irregularidad en la ejecución de los contratos y en el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Finalmente, el cabildante solicitó que la Fiscalía incluya dentro de sus investigaciones los contratos ejecutados tanto por la Alcaldía como por las demás entidades mencionadas, con el propósito de establecer si existieron o no inconsistencias en estos procesos de contratación pública.