La bancada de oposición dio a conocer un listado de 11 iniciativas que presentará en el inicio de la legislatura, abarcando propuestas en materia de catastro, salud, seguridad, anticorrupción y subsidios sociales.
Este 15 de julio de 2026, el partido político Centro Democrático dio a conocer un conjunto de 11 proyectos de ley que radicará ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio, coincidiendo con el inicio de la nueva legislatura. La agenda legislativa de la colectividad de oposición abarca reformas económicas, sociales, de salud, seguridad y medio ambiente.
Entre las iniciativas de corte económico y social, el partido plantea un alivio del catastro para que el avalúo catastral no supere el 50 % del valor comercial de los predios, además de facilidades de microcrédito y capital semilla para pequeños empresarios y vendedores informales.
Asimismo, se propone que el subsidio del adulto mayor aumente anualmente de forma obligatoria conforme al IPC, y que el subsidio de manutención para los jóvenes beneficiarios de matrícula cero se convierta en política de Estado con carácter prioritario.
En materia de transparencia y salud, la colectividad buscará obligar a que se publique el nombre de los parlamentarios que soliciten partidas presupuestales. Respecto a la crisis del sistema de salud, se propone una reforma para corregir el modelo actual que exigirá acreditación de alta calidad a las EPS y ofrecerá contratos de estabilidad jurídica.
La propuesta del Centro Democrático también incluye un fuerte componente de seguridad y justicia, que contempla el decomiso de drogas en espacios públicos para combatir el microtráfico y la creación de garantías específicas para los miembros de la Fuerza Pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Finalmente, en los sectores de minería y medio ambiente, la agenda legislativa busca la formalización gradual de pequeños mineros —facilitando que el Banco de la República les compre oro de forma directa y prohibiendo el uso del mercurio— junto con una iniciativa para limitar el crecimiento de la frontera agrícola en el país hasta que se avance en planes de compensación ambiental y revegetalización.