El ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el exdirector de la UNGRD Carlos Carrillo y el exembajador Alfredo Saade hacen parte de las investigaciones disciplinarias que adelanta el Ministerio Público por presuntas intervenciones en la contienda presidencial.
La Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones disciplinarias contra 181 funcionarios públicos por una presunta participación en política durante la contienda presidencial.
Entre los casos se encuentra el del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es investigado por unas declaraciones pronunciadas durante un evento público en el municipio de Coyaima (Tolima). Según la Procuraduría, el funcionario afirmó ante los asistentes: “Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o, si no, nos va a llevar quien nos trajo”.
Jaramillo asumió el Ministerio de Salud el 1 de mayo de 2023, tras haberse desempeñado como secretario de Salud de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro. Durante su gestión ha liderado la reforma al sistema de salud promovida por el Gobierno, la implementación de un modelo piloto de atención en salud y la ampliación de infraestructura hospitalaria en distintas regiones del país.
Otro de los investigados es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien llegó a esa cartera en febrero de 2025 en reemplazo de Gloria Inés Ramírez. La Procuraduría indaga unas declaraciones que habría realizado durante un evento en Valledupar, en las que, según el organismo de control, expresó respaldo a un proyecto político, lo que podría constituir una participación indebida en la contienda electoral.
También figura el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien fue separado temporalmente de su cargo a comienzos de 2026. Durante su administración concentró los esfuerzos en atender los casos de corrupción que afectaban a la entidad tras el escándalo por la compra de carrotanques para La Guajira. Antes de que se cumpliera la sanción impuesta por la Procuraduría, presentó su renuncia.
La lista de investigados incluye además a Alfredo Saade, exembajador de Colombia en Brasil y aliado político del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la Procuraduría, el exfuncionario habría publicado mensajes en la red social X en respaldo a una campaña política e hizo un llamado a la movilización ciudadana, actuaciones que también son objeto de investigación disciplinaria.
Las investigaciones buscan establecer si los funcionarios utilizaron sus cargos o su investidura para intervenir en la contienda presidencial, una conducta que está prohibida para los servidores públicos por la legislación colombiana.