A pocos días de terminar el gobierno de Gustavo Petro, el Ejecutivo y el Pacto Histórico radicaron nuevamente ocho iniciativas relacionadas con salud, trabajo, educación, impuestos, tierras, agua, fracking e inteligencia artificial.
A pocos días de concluir el gobierno de Gustavo Petro, el Ejecutivo y la bancada del Pacto Histórico volvieron a poner sobre la mesa varias de las reformas que marcaron la agenda política de los últimos cuatro años y que no lograron completar su trámite en el Congreso.
El paquete legislativo, compuesto por ocho proyectos, fue radicado ante el nuevo Congreso de la República y deja en manos de los parlamentarios que asumirán funciones la discusión sobre la continuidad de varias de las principales apuestas del proyecto político del Gobierno saliente.
La estrategia también busca establecer la posición que tendrá la nueva administración frente a estas iniciativas y a los derechos que, según el Pacto Histórico, ya fueron reconocidos durante el actual Gobierno.
«Este proyecto del Pacto Histórico no va a renunciar a sus compromisos programáticos y vamos a seguir luchando por las reformas. Vamos a colocar en el debate y vamos a conocer cuáles van a ser la postura del nuevo gobierno, si realmente va a respetar los derechos adquiridos», afirmó el representante a la Cámara Gabriel Becerra.
Entre las iniciativas presentadas nuevamente se encuentra la reforma a la salud, que plantea eliminar la intermediación financiera de las EPS, restringir la integración vertical y fortalecer el giro directo de recursos a hospitales y clínicas.
El proyecto también mantiene la apuesta por transformar el modelo de atención hacia uno preventivo y con mayor énfasis en la atención primaria en los territorios.
«Nosotros vamos a seguir insistiendo en esos puntos que nos parecen fundamentales. Que no iban a recibir recursos, no iban a administrar recursos y que no iba a haber integración vertical. El giro directo llega directamente a quien prestó el servicio y eso mejora sustancialmente la posibilidad de que hospitales y clínicas puedan tener recursos claros», señaló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Otra de las iniciativas es el Estatuto del Trabajo y el denominado salario vital. La propuesta busca modificar las condiciones de protección laboral y plantea que la remuneración tenga en cuenta el costo de una vida digna para los trabajadores y sus familias. También incluye disposiciones relacionadas con estabilidad laboral, recargos y derechos colectivos.
«Se trata de una iniciativa que tiene que ver con un estatuto del trabajo que es una promesa incumplida consagrada en el artículo 53 de la Constitución. Un estatuto que profundice en derechos y que incorpore el salario vital que sustituya el viejo y mezquino salario mínimo por un salario que garantice las condiciones de vida dignas», manifestó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.
En educación, el Gobierno entregó a la bancada oficialista una propuesta de reforma integral a la Ley 30 de 1992, con la intención de establecer la educación superior como un derecho fundamental.
La iniciativa contempla cambios en el esquema de financiación de las universidades públicas, así como mayores recursos para infraestructura, ampliación de la cobertura gratuita en regiones apartadas y fortalecimiento de la autonomía y la democracia universitaria.
«Es la reforma integral que eleva el carácter de derecho fundamental a la educación superior, genera mayores condiciones de bienestar y democracia en las universidades y traza la ruta de cambio para que las universidades públicas sigan creciendo», dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas.
El paquete también incluye una nueva propuesta de reforma tributaria bajo el principio de progresividad. El proyecto plantea que quienes tengan mayores ingresos realicen un mayor aporte y contempla medidas para combatir la evasión y la elusión fiscal.
A estas iniciativas se suma el proyecto de ley ordinaria para establecer la Jurisdicción Agraria, con la que se busca crear jueces y tribunales especializados para atender los conflictos relacionados con la tierra y avanzar en la protección de los derechos de los campesinos.
En materia de servicios públicos, el Gobierno volvió a presentar la Ley de Gestión Comunitaria del Agua. La propuesta busca establecer un marco jurídico para los acueductos comunitarios y organizaciones étnico-territoriales que administran el recurso en zonas rurales y periurbanas.
El proyecto contempla mecanismos de protección para estas organizaciones y plantea un modelo que permita fortalecer la gestión comunitaria del agua y garantizar el acceso al servicio.
Otra de las iniciativas retomadas es la prohibición del fracking y de la exploración y explotación de hidrocarburos mediante yacimientos no convencionales. El Gobierno saliente sostiene que estas prácticas representan riesgos ambientales y son incompatibles con su política de transición energética.
Finalmente, el Ministerio de Ciencias volvió a presentar un proyecto para establecer reglas sobre el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Colombia. La propuesta plantea un marco basado en la protección de los derechos humanos, la soberanía de los datos y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del país.
«Hoy lo hemos vuelto a radicar porque es un tema fundamental que define el desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación. Para que su adopción y adaptabilidad a la sociedad colombiana se garantice en el marco de los derechos humanos y la soberanía nacional de datos», aseguró la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya.
Con la radicación de estas ocho iniciativas, el futuro de los proyectos queda en manos del nuevo Congreso, que deberá determinar su trámite y estudiar su viabilidad en las respectivas comisiones.