Integrantes del Comité Ambiental señalaron que la actividad minera ha generado la llegada de personas de otras regiones y cambios en las dinámicas sociales de sectores de Ataco, Planadas y Chaparral.
La actividad minera en distintos puntos de la cuenca del río Saldaña estaría generando cambios en las dinámicas sociales y ambientales de comunidades del sur del Tolima, según advirtió Lina Pedraza, agroecóloga de la Universidad del Tolima e integrante del Comité Ambiental y el diputado Jaime Tocora.
De acuerdo con Pedraza, la situación tendría como uno de sus principales focos al municipio de Ataco y posteriormente se habría extendido hacia zonas de Planadas y Chaparral. La integrante del comité manifestó que el impacto no se limitaría al entorno ambiental, sino que también estaría afectando a las comunidades y, especialmente, a los jóvenes.
«Menores de edad están dejando de ir a estudiar por estar trabajando allí en la minería», señaló Pedraza, al referirse a una de las situaciones que, según explicó, evidencia los cambios sociales asociados a esta actividad.
Uno de los puntos señalados está ubicado en el corregimiento de Santiago Pérez, en Ataco, específicamente en el sector conocido como Puente Amarillo. Según los integrantes del Comité Ambiental, en esta zona se habría establecido un asentamiento conformado por personas provenientes de otros lugares del país.
Tocora explicó que en las orillas del río se han instalado estructuras improvisadas en las que permanecerían familias, mujeres y jóvenes vinculados a las actividades relacionadas con la minería. Según su relato, algunas de estas personas permanecerían en el lugar para cuidar la maquinaria utilizada en las labores de extracción.
La situación también fue expuesta tras una reunión entre integrantes del Comité Ambiental y el diputado Jaime Tocora, en la que se presentaron fotografías sobre los asentamientos ubicados en inmediaciones del río Saldaña.
Según las denuncias planteadas durante el encuentro, en estos sectores también se estarían presentando situaciones relacionadas con el consumo de licor y la prostitución. Además, se alertó sobre la presencia de personas armadas en algunos puntos, lo que, de acuerdo con lo señalado, dificultaría el ingreso a determinadas zonas del río.
Pedraza indicó que quienes permanecen en estos asentamientos no necesariamente serían habitantes de las comunidades cercanas, sino personas que llegarían desde otras ciudades y regiones del país para participar en las actividades mineras.
La integrante del Comité Ambiental insistió en que el fenómeno requiere ser analizado no solo desde la perspectiva ambiental, sino también por los efectos que estaría teniendo sobre las comunidades y las dinámicas sociales de los municipios del sur del Tolima.