Homicidios, extorsiones, hurtos, microtráfico y la presencia de grupos armados fueron algunos de los temas que estuvieron sobre la mesa en un debate de Al Contraste.
La seguridad volvió al centro del debate en Tolima e Ibagué. El aumento de hechos delictivos, los homicidios, la extorsión, el microtráfico y la presencia de estructuras armadas abrieron una discusión sobre la efectividad de las estrategias implementadas por las autoridades y la capacidad institucional para responder a los desafíos que enfrenta el departamento.
Durante un debate de Al Contraste, los líderes de opinión Cristian Reyes, Felipe Martínez y Leidy Carolina Torres expusieron posiciones diferentes frente al panorama de seguridad y las acciones adelantadas por las administraciones departamental y municipal.
Cristian Reyes consideró que Ibagué y Tolima están perdiendo terreno frente a la delincuencia y cuestionó que la seguridad sea abordada principalmente desde una perspectiva militar o basada en el aumento de la capacidad operativa.
“Yo creo que sí se está perdiendo la apuesta en seguridad en el municipio de Ibagué, en el departamento del Tolima, ya que estamos viendo muchos hechos delictivos muy fuertes”, afirmó.
Reyes mencionó entre las situaciones que generan preocupación los recientes ataques contra integrantes de la fuerza pública, los problemas relacionados con la minería, el microtráfico y otros hechos delictivos que afectan al territorio.
Para el líder de opinión, la seguridad debe abordarse desde una perspectiva integral y no limitarse a incrementar el número de cámaras, operativos o acciones armadas. En su concepto, la generación de empleo, las oportunidades para los jóvenes y el desarrollo urbano también hacen parte de una estrategia para reducir la criminalidad.
“Somos el segundo departamento con mayor desempleo en nuestro país y eso significa que los muchachos, las personas que se dedican a esto, se dedican porque tienen algunas necesidades”, sostuvo.
Una posición diferente planteó Felipe Martínez, quien defendió las acciones adelantadas por la Gobernación del Tolima y destacó la creación de la Secretaría de Seguridad como parte de la estrategia institucional para enfrentar los problemas de orden público.
Martínez aseguró que las medidas implementadas han permitido resultados contra estructuras delincuenciales y grupos armados que operan en diferentes municipios, especialmente en el sur del departamento.
“Creo que es muy importante reconocer los resultados que ha dado la gobernadora y su equipo de seguridad en el tema de establecer un plan estratégico que obedezca a las necesidades propias del territorio y de sus diferentes regiones”, afirmó.
Asimismo, consideró que la estrategia debe mantenerse y fortalecerse con el respaldo del Gobierno Nacional. Según explicó, municipios como Chaparral y otros sectores del departamento requieren una atención especial por las condiciones de seguridad que enfrentan.
También respaldó la necesidad de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y destacó la decisión de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, de designar a un brigadier general en la Secretaría de Gobierno, al considerar que esta medida puede contribuir a mejorar la respuesta institucional frente a la criminalidad.
La postura de Martínez fue cuestionada por Leidy Carolina Torres, quien defendió una visión más amplia de la seguridad y puso en duda que el aumento de la presencia militar sea suficiente para enfrentar fenómenos como el microtráfico y la delincuencia.
“Si el asunto fuera de poner batallones, pues entonces este país hace rato había trasladado el tema de seguridad porque, además, esa política militarista ya ha demostrado sus fracasos”, afirmó.
Torres sostuvo que la presencia de unidades militares no garantiza por sí sola la reducción de los delitos y puso como ejemplo la situación de municipios del sur del Tolima. A su juicio, el combate contra las estructuras criminales debe estar acompañado de políticas sociales, programas de sustitución de cultivos y acciones dirigidas a cerrar las brechas económicas y sociales.
También, cuestionó la gestión de la Gobernación frente al Gobierno Nacional saliente y señaló que las diferencias políticas no deberían impedir la articulación institucional para atender los problemas de seguridad del departamento.
En medio de la discusión, Torres también se refirió a la reciente visita del presidente electo Abelardo De La Espriella al Tolima y cuestionó que, en su concepto, el encuentro no haya dejado anuncios concretos frente a problemáticas como la minería ilegal y la seguridad en municipios como Ataco.
“Los temas de seguridad se resuelven con política social”, sostuvo Torres, aunque aclaró que las intervenciones militares también son necesarias para enfrentar a los grupos criminales.
El debate dejó sobre la mesa dos visiones frente a la seguridad del Tolima y de Ibagué. Mientras una posición considera que las autoridades han avanzado en la lucha contra las estructuras criminales y que se requiere reforzar la presencia de la Fuerza Pública, otra advierte que los resultados serán insuficientes si no se atacan las causas sociales y económicas que alimentan la delincuencia.
La discusión se mantiene abierta en un departamento donde las autoridades enfrentan retos distintos según el territorio, desde la delincuencia común y el microtráfico en zonas urbanas hasta la presencia de grupos armados y las economías ilegales en municipios del sur y norte del Tolima.