La exfuncionaria aseguró que sus contratos terminaron el 31 de julio de 2026 y que los informes y la ejecución de sus obligaciones pueden ser consultados en SECOP y en las entidades correspondientes.
Elizabeth Ortiz respondió a los cuestionamientos que han surgido alrededor de su trayectoria contractual durante el gobierno de Gustavo Petro y rechazó que haber trabajado para entidades públicas pueda ser presentado, por sí solo, como un indicio de corrupción.
La declaración se conoce en medio de las publicaciones y comentarios que han puesto el foco sobre su paso por diferentes entidades durante la administración de Petro, contexto en el que también ha sido mencionada su cercanía con sectores políticos del departamento del Tolima.
Ortiz aseguró que tuvo la oportunidad de trabajar en un gobierno en el que, según afirmó, existieron posibilidades para personas que no contaban con apellidos de poder o grandes conexiones.
“Tuve la posibilidad de trabajar en diferentes entidades y siempre cumplí con las obligaciones de los contratos que suscribí”, sostuvo.
La exfuncionaria señaló que la documentación relacionada con su actividad contractual puede ser consultada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y en las entidades en las que prestó sus servicios.
“Mis informes, actividades y ejecución contractual son verificables en SECOP y en las entidades correspondientes. No tengo absolutamente nada que ocultar”, manifestó.
Ortiz cuestionó que su vinculación con entidades del Estado durante el gobierno Petro sea presentada como un elemento asociado automáticamente con posibles irregularidades.
“Una cosa es informar sobre los contratos que tuve, algo que es público, y otra muy diferente es insinuar o afirmar que hubo corrupción cuando eso tendría que demostrarse con hechos y pruebas”, afirmó.
En su pronunciamiento, también rechazó los señalamientos en los que se le ha calificado de “corrupta” o “ladrona” y aseguró que está conservando las publicaciones y comentarios en los que se han realizado esas acusaciones.
“Si alguien tiene pruebas de alguna conducta ilegal, que las presente ante las autoridades competentes. Pero si no existen esas pruebas, tendrán que responder por las afirmaciones que están haciendo y por el daño que puedan ocasionar a mi buen nombre”, señaló.
La exfuncionaria también se refirió a su futuro laboral y político. Precisó que sus contratos terminaron el 31 de julio de 2026 y afirmó que actualmente no tiene intención de continuar trabajando en un gobierno con el que, según dijo, no se siente representada.
También descartó, por ahora, una eventual aspiración política en el Tolima.
“Tampoco tengo interés en representar al Tolima ni en aspirar a ningún cargo en este momento”, afirmó.
Ortiz sostuvo que su experiencia en el sector público terminó con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que cuenta con documentación para respaldar su trabajo.
La mujer también cuestionó el enfoque que, a su juicio, se ha dado a sus contratos y preguntó por qué su trayectoria está siendo objeto de atención mientras miles de personas han trabajado en entidades estatales.
“¿Qué tengo yo de diferente? ¿Por qué conmigo sí? ¿Será porque soy mujer, porque tengo una voz pública o porque trabajé durante el Gobierno de Gustavo Petro?”, cuestionó.
Finalmente, insistió en que cualquier revisión sobre su paso por el sector público debe hacerse a partir de los documentos disponibles y no de señalamientos.
“Una cosa es tener diferencias políticas y otra muy distinta es intentar convertir mi experiencia laboral en una acusación de corrupción”, concluyó Ortiz.