El historiador Sebastián Guzmán cuestionó un contrato destinado a servicios logísticos para actividades de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo. El negocio contempla servicios como sonido, carpas, alimentación y arreglos florales y fue adjudicado a un empresario del sector gastronómico.
Un contrato por $1.000 millones para la prestación de servicios logísticos a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué generó cuestionamientos por parte del historiador Sebastián Guzmán, quien puso bajo la lupa el destino de los recursos de una dependencia relacionada con la atención de emergencias y el funcionamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos.
Según la denuncia divulgada por Guzmán, el contrato contempla la prestación de servicios para diferentes actividades y eventos, entre ellos elementos de sonido, micrófonos, carpas, arreglos florales, almuerzos y cenas.
El cuestionamiento se concentra, entre otros aspectos, en la destinación de una suma cercana a los $1.000 millones para este tipo de servicios dentro de una dependencia cuya función está relacionada con la gestión del riesgo y la atención de emergencias.
Dentro de las observaciones también se ha mencionado el listado de elementos contemplados en el contrato y la ausencia, según la denuncia, de algunos implementos asociados directamente con la atención y prevención de emergencias, como equipos de seguridad.
El contrato fue adjudicado a un empresario dedicado al sector gastronómico y de restaurantes de Ibagué. Entre los antecedentes contractuales señalados aparece su participación en la logística de la Feria Ovino Caprina.
Frente a los cuestionamientos sobre la actividad económica del contratista, la empresa ha defendido la legalidad del negocio y ha señalado que dentro de su objeto social se encuentran contemplados los servicios relacionados con la organización y realización de eventos.
De esta manera, la discusión no se centra únicamente en quién recibió el contrato, sino también en la destinación de los recursos y en la pertinencia de los servicios contratados por una dependencia encargada de la gestión del riesgo en la ciudad.
Hasta ahora, la Alcaldía de Ibagué no ha entregado una explicación pública sobre los cuestionamientos formulados alrededor del contrato ni ha precisado las razones por las cuales se determinó contratar estos servicios, su alcance o la distribución de los $1.000 millones.
La controversia queda ahora a la espera de una explicación oficial que permita establecer cuáles son las actividades que serán financiadas con estos recursos, cómo se justificó la contratación y cuál será el beneficio de estos servicios para las labores de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.