Líderes comunitarios también reclamaron la ausencia de funcionarios y la falta de una estrategia concreta de prevención.
La emergencia provocada por los incendios forestales en Armero Guayabal abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra la respuesta institucional.
El representante a la Cámara por el Tolima Renzo García y líderes comunitarios pusieron sobre la mesa las dificultades que, según denunciaron, enfrenta el municipio para atender las conflagraciones y prevenir que situaciones similares vuelvan a afectar a la población.
Los reparos surgieron después de una reunión convocada por la Gobernación del Tolima con el propósito de socializar el plan de contingencia para atender los incendios forestales que se han presentado en la zona. Sin embargo, el encuentro terminó generando inconformidad entre algunos de los asistentes por la ausencia de las principales autoridades locales y departamentales.
Según lo manifestado por los participantes, ni la gobernadora del Tolima ni el alcalde de Armero Guayabal acudieron a la reunión. Nancy Estela, secretaria de Asojuntas, cuestionó además que no se hubiera presentado una propuesta concreta de prevención frente a una emergencia que ya estaba afectando sectores veredales.
De acuerdo con la dirigente comunitaria, durante el encuentro la respuesta entregada a los habitantes se concentró en suministrar los números telefónicos del cuerpo de bomberos. Para los líderes, esta medida no responde por sí sola a las necesidades de una comunidad que requiere herramientas, capacitación y acompañamiento para enfrentar los incendios.
A la discusión se sumó otro elemento que generó preocupación entre los asistentes. Un representante del sector minero planteó la posibilidad de desarrollar actividades extractivas en predios afectados por las conflagraciones, una propuesta que despertó inquietudes entre miembros de la comunidad en medio de la situación que atraviesa el municipio.
Renzo García, por su parte, centró sus cuestionamientos en la capacidad de respuesta de las instituciones y, particularmente, en los elementos destinados para enfrentar la emergencia. El congresista señaló que la dotación entregada habría consistido en seis cascos y tres bombas manuales de espalda.
La dimensión de esos recursos fue precisamente uno de los puntos que llevó al representante a calificar de insuficiente la respuesta institucional. García sostuvo que las ayudas gestionadas directamente por los habitantes han terminado superando la capacidad de respuesta que, según denunció, han desplegado las entidades de los gobiernos departamental y nacional.
El reclamo de García y de los líderes comunitarios no se limita, por tanto, a la atención de los incendios que ya se han presentado. También apunta a las condiciones con las que cuenta la población para responder ante nuevas conflagraciones, especialmente en las zonas veredales donde los habitantes pueden quedar directamente expuestos a la propagación del fuego.
Ante este escenario, el representante a la Cámara solicitó un acompañamiento permanente a las comunidades, además de capacitación técnica y asistencia efectiva para la población afectada.