Un informe del INPEC confirmó un brote de enfermedades transmitidas por alimentos en la cárcel de Picaleña. Internos denunciaron comida en mal estado y falta de medicamentos, mientras que otras denuncias alertan por posibles casos de varicela.
Una alerta sanitaria fue reportada en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta Seguridad de Ibagué, Picaleña, luego de que el establecimiento notificara un brote de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS) que, de manera preliminar, afectó a 17 personas privadas de la libertad.
Al Contraste conoció en exclusiva un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en el que se documentó la situación registrada al interior del centro penitenciario.
De acuerdo con el reporte, el personal médico consolidó inicialmente 17 casos: 12 personas atendidas durante la mañana y otras cinco durante la tarde.
La situación fue verificada mediante recorridos por los pabellones 12, 13 y 14. Allí, según el informe, varios internos manifestaron presentar cuadros de diarrea y dolor abdominal generalizado.
Durante las verificaciones también fueron recogidas denuncias relacionadas con el servicio de alimentación suministrado por el operador UTMACSOL.
Según los testimonios consignados en el informe, algunos internos señalaron que se habría entregado pollo y pechuga crudos, además de carne molida que, según su denuncia, se encontraba en estado de descomposición.
También se reportó una presunta irregularidad relacionada con la preparación de jugos utilizando agua que, de acuerdo con los denunciantes, no habría sido tratada.
Estas situaciones fueron señaladas en medio de la investigación por el brote de enfermedades transmitidas por alimentos.
A la situación se sumó, según el documento del INPEC, un desabastecimiento de medicamentos e insumos necesarios para atender a las personas afectadas.
El reporte advierte sobre la ausencia de elementos como Loperamida de 2 mg, Metronidazol y Sales de Rehidratación Oral (SRO).
Ante el riesgo de que los casos pudieran derivar en cuadros de deshidratación, se solicitó disponer de un stock de emergencia, además de gestionar temporalmente agua potable embotellada y coordinar acciones con la Secretaría de Salud.
Paralelamente, otras denuncias conocidas en medio de esta situación alertan sobre un posible brote de varicela entre la población privada de la libertad.
Los denunciantes aseguran que los casos también involucrarían a personas encargadas de manipular y preparar alimentos, así como el pan que posteriormente sería distribuido a los visitantes.
De confirmarse esta situación, el riesgo no estaría limitado a la población carcelaria, sino que podría involucrar también a funcionarios, personal de vigilancia, trabajadores y familiares que ingresan al establecimiento.
La preocupación aumenta debido a que, según las denuncias, autoridades de salud ya habrían realizado inspecciones y formulado recomendaciones que no se habrían cumplido en su totalidad.
Por ahora, el informe del INPEC confirma el brote de enfermedades transmitidas por alimentos y las dificultades relacionadas con la atención de los internos afectados. Las denuncias sobre un brote de varicela constituyen un hecho adicional que deberá ser verificado por las autoridades sanitarias.