La Fiscalía imputó al exmandatario Juan Guillermo Beltrán, a una exsecretaria y a una contratista por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. Ninguno aceptó los cargos.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Honda, Tolima, Juan Guillermo Beltrán Amórtegui, por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con un contrato suscrito en 2017 para brindar apoyo logístico a actividades deportivas y recreativas en el municipio.
En el mismo proceso fueron vinculadas Lina Rocío Barreto Hoyos, quien se desempeñaba como secretaria de Salud y Proyectos Sociales y ejercía como supervisora del convenio, y la contratista Otilia del Pilar Morales Giraldo.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con la responsabilidad que presuntamente tendría cada uno, los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
Durante la audiencia de judicialización, ninguno de los tres procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
El contrato investigado tenía como propósito garantizar los servicios logísticos para las olimpiadas deportivas y recreativas realizadas en Honda y tuvo un valor de $11’341.000. Según la investigación, Beltrán Amórtegui habría suscrito la aceptación de la oferta y posteriormente el acta de liquidación sin verificar los documentos que acreditaran la ejecución de los recursos.
Para la Fiscalía, esta actuación habría permitido el desembolso de dinero a favor de la contratista y una presunta apropiación de $7’841.000 de recursos públicos.
En cuanto a Lina Rocío Barreto Hoyos, el ente acusador sostiene que habría elaborado el informe de supervisión y la certificación de cumplimiento sin contar con los soportes que acreditaran la ejecución del contrato. También se le atribuye la presunta falsificación de dos actas de entrega.
La investigación señala, además, que Otilia del Pilar Morales Giraldo habría presentado planillas e informes sobre la ejecución del contrato sin la documentación que debía respaldarlos. Esta situación, según la Fiscalía, habría permitido que la contratista se apropiara de los recursos señalados.