La directora de Cortolima aseguró que la entidad abrió un proceso sancionatorio y puso el caso en conocimiento de Control Interno Disciplinario y la Fiscalía, luego de conocerse que una de las personas relacionadas con la quema tendría vínculo con la corporación.
La directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso Iannini, salió al paso de la polémica que rodea la captura y judicialización de dos campesinos señalados de participar en una quema en zona rural de Dolores. Su pronunciamiento se produjo después de que surgieran cuestionamientos sobre la posible relación entre los trabajadores y una persona vinculada a la entidad ambiental.
El caso se remonta al 25 de agosto, cuando Julio César Morales Herrera y Leonidas Mercado fueron capturados en la vereda Guacamayas, en Dolores. Según la información conocida durante el proceso judicial, ambos fueron señalados por su presunta participación en una quema que habría afectado varias hectáreas de cobertura vegetal. Un juez ordenó su reclusión mientras avanza la investigación y la Fiscalía les imputó los delitos de incendio y deforestación. Ninguno aceptó los cargos.
Posteriormente, el caso tomó un nuevo rumbo tras las versiones entregadas por personas cercanas a los dos jornaleros. Morales y Mercado sostienen que habían sido contratados para realizar labores de limpieza y rocería en un predio ubicado en Dolores y que posteriormente debían quemar la maleza acumulada. La finca, denominada Platanales, aparece como propiedad de Rubiela González Ortiz, quien figura como contratista de Cortolima.
Ese elemento abrió una nueva discusión sobre la actuación de la autoridad ambiental y llevó al representante a la Cámara Renzo García a pedir que la Fiscalía profundice en las investigaciones. El congresista habló de posibles “falsos positivos ambientales” y cuestionó que los dos campesinos hayan terminado judicializados, al tiempo que señaló la necesidad de determinar quién habría dado las instrucciones relacionadas con las quemas.
En medio de esta controversia, Alfonso Iannini publicó un pronunciamiento en el que aseguró que dentro de Cortolima “nadie está por encima de la ley”. La directora afirmó que, una vez la entidad conoció los hechos ocurridos en Guacamayas, se activaron las actuaciones correspondientes.
De acuerdo con su explicación, un equipo técnico de la corporación verificó la tala de cobertura vegetal, la realización de quemas y la ausencia de permisos o autorizaciones para el aprovechamiento forestal. A partir de esas verificaciones, Cortolima inició un proceso sancionatorio ambiental e impuso una medida preventiva.
La directora agregó que, al establecer que una de las personas involucradas tendría vínculo con la planta de la corporación, los hechos fueron puestos en conocimiento de Control Interno Disciplinario y de la Fiscalía General de la Nación.
El pronunciamiento también estuvo dirigido a quienes han cuestionado el papel de Cortolima durante la emergencia por incendios forestales que atraviesa el departamento. Alfonso rechazó que un hecho particular sea utilizado para atribuir responsabilidades a toda la institución o para poner en duda el trabajo que realizan sus equipos en las zonas afectadas.
La funcionaria sostuvo que Cortolima ha mantenido personal técnico y operativo en los territorios afectados, junto con otras instituciones, para atender los incendios, acompañar a las comunidades, evaluar los daños y adelantar acciones relacionadas con la protección de los ecosistemas.
La controversia, sin embargo, deja dos investigaciones en curso: por un lado, el proceso penal contra los dos hombres capturados por los hechos de Dolores y, por otro, las actuaciones que deberán determinar si existieron responsabilidades de funcionarios o contratistas vinculados a Cortolima.
Mientras esas investigaciones avanzan, la directora aseguró que la corporación mantendrá una postura de transparencia y que no encubrirá a ninguna persona que eventualmente haya incurrido en una conducta contraria a la normatividad ambiental. La entidad, además, sostiene que una actuación individual no puede ser utilizada para deslegitimar el trabajo de toda la institución.