La Gobernación del Tolima ordenó una auditoría especial tras detectar presuntas irregularidades en la contratación de entrenadores y formadores. La administración también anunció acciones ante las autoridades por posibles delitos y señaló que los contratos cuestionados continúan vigentes.
Una revisión interna en el Instituto Departamental de Deportes del Tolima, Indeportes, llevó a la Gobernación a ordenar una auditoría especial ante denuncias sobre un presunto esquema irregular de contratación que habría comprometido más de $3.000 millones de recursos públicos durante este año.
La actuación de la administración departamental incluyó la salida de la directora de Deportes, Bibiana Romero, quien presentó su renuncia el pasado viernes, en medio de los señalamientos relacionados con una posible estructura de contratación paralela que, según las denuncias, habría involucrado también a una contratista.
El mecanismo bajo investigación estaría relacionado con la presunta falsificación de solicitudes y avales entregados por las ligas deportivas para requerir entrenadores y formadores. A partir de esos documentos se habrían tramitado más de 100 órdenes de prestación de servicios (OPS) durante el presente año.
Uno de los casos que habría permitido identificar la anomalía corresponde a la Liga de Fútbol. Según la información conocida, a comienzos de año esta organización solicitó 12 entrenadores, pero posteriormente aparecieron más de 35 personas contratadas bajo su nombre.
De ese grupo, 18 personas, de acuerdo con las denuncias, no desarrollarían labores relacionadas con el deporte departamental ni tendrían un vínculo efectivo con las actividades de la liga.
La presunta operación también habría involucrado documentación de personas que no tendrían relación con el sector deportivo. De acuerdo con los señalamientos, se utilizarían hojas de vida de terceros y familiares para formalizar los contratos y posteriormente se elaborarían informes de supervisión que no corresponderían con actividades realmente ejecutadas.
El esquema denunciado habría permitido justificar el desembolso de los honorarios. A los titulares de las hojas de vida se les habría entregado el dinero correspondiente a la seguridad social y una suma cercana a los 500.000 pesos, mientras que el resto de los recursos habría terminado en una cuenta común.
La dimensión de las contrataciones es uno de los aspectos que ahora busca establecer la auditoría especial ordenada por la gobernadora Adriana Matiz. Según la información entregada por la administración departamental, los contratos señalados permanecen vigentes, por lo que la revisión pretende determinar su alcance y adoptar las medidas correspondientes.
El caso también podría pasar al terreno judicial. La Gobernación anunció que compulsará copias a las autoridades competentes para que se investiguen posibles conductas relacionadas con falsedad material, uso de documento público, celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.
Por ahora, los señalamientos corresponden a presuntas irregularidades que deberán ser establecidas por las investigaciones respectivas. La auditoría anunciada por la administración departamental será la encargada de revisar la contratación cuestionada y determinar cómo fueron tramitados los recursos públicos.