El exministro cuestionó las afirmaciones de la actual titular de la cartera sobre la ejecución presupuestal y las observaciones de la Contraloría. Aseguró que los recursos estaban respaldados y advirtió sobre posibles riesgos para proyectos de salud en los territorios.
El exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo respondió a las declaraciones de la actual titular de esa cartera, quien presentó un balance del primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella y cuestionó aspectos relacionados con la gestión administrativa y presupuestal recibida.
Jaramillo sostuvo que, cumplido el primer mes de la nueva administración, no se conoce el plan de choque que, según afirmó, había sido anunciado para atender la situación del sistema de salud. En su pronunciamiento también defendió la gestión adelantada durante el gobierno anterior y cuestionó las interpretaciones hechas sobre los informes de los organismos de control.
Uno de los puntos centrales de su respuesta fue el informe de la Contraloría mencionado por la ministra. El exfuncionario aseguró que las observaciones señaladas por el organismo de control ya habían sido incluidas en un plan de mejoramiento suscrito el 30 de julio de 2026, cuya ejecución comenzó el primero de agosto.
Por esta razón, Jaramillo afirmó que la actual administración recibió un Ministerio de Salud con acciones correctivas en marcha y sostuvo que la existencia de observaciones dentro de una auditoría no significa, por sí sola, que haya detrimento fiscal, corrupción o una crisis administrativa.
El exministro también destacó que, según sus cifras, el Ministerio de Salud ocupó el primer lugar entre 236 entidades en el FURAG, resultado que, aseguró, daba cuenta de su desempeño administrativo, fiscal y financiero.
Otro de los asuntos que abordó fue la ejecución de 4,4 billones de pesos apropiados para diferentes proyectos del sector. Jaramillo explicó que estos recursos estaban destinados principalmente a infraestructura, dotación, transporte asistencial y fortalecimiento de la operación de hospitales públicos.
Frente a los 2,9 billones de pesos que no habían sido obligados, explicó que estos requerían autorización del Ministerio de Hacienda como parte del ciclo presupuestal antes de que los recursos fueran girados a hospitales públicos y entidades territoriales.
También se refirió a los 365.604 millones de pesos que, según la actual administración, no tenían registro presupuestal al 7 de agosto. Jaramillo sostuvo que esta situación hacía parte del proceso normal de ejecución presupuestal y cuestionó que el nuevo gobierno hubiera suspendido el proceso de empalme.
El exministro fue más allá y aseguró que las decisiones adoptadas por la actual administración podrían poner en riesgo proyectos que consideró fundamentales para diferentes territorios, incluidos algunos afectados por el terremoto del 10 de agosto.
Jaramillo también hizo referencia a versiones sobre presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción relacionados con funcionarios de la actual administración. En ese punto, manifestó que está de acuerdo con que la Fiscalía investigue, pero pidió que cualquier actuación se adelante mediante procesos serios y respetuosos, y no a partir de especulaciones o señalamientos.
Finalmente, el exministro hizo un llamado a alcaldes, gobernadores y gerentes de hospitales para que estén atentos a los recursos que ya fueron asignados durante la actual vigencia. Según explicó, estos estaban destinados a mejorar y dotar infraestructura hospitalaria, fortalecer el transporte asistencial y garantizar la operación de los hospitales y de los equipos básicos de salud.
Jaramillo cerró su pronunciamiento alertando sobre la destinación de esos recursos y pidió a las autoridades territoriales vigilar que la inversión que, según él, se adelantó durante la anterior administración no sea desviada hacia otros fines.