La norma modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021 y establece pautas para la actuación de las autoridades frente a hechos violentos, bloqueos viales y afectaciones a servicios esenciales, sin retirar la protección a la protesta pacífica.
El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella anunció este martes 13 de octubre la firma del Decreto 1525 de 2026, una norma que modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021 para establecer nuevas reglas de actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas en Colombia.
El documento, de 25 páginas, mantiene las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica, pero precisa los procedimientos que deben seguir las autoridades frente a hechos de violencia, bloqueos de vías y afectaciones a servicios esenciales. La disposición actualiza los protocolos de prevención, diálogo, intervención y evaluación de las jornadas de movilización.
Entre los principales cambios se encuentran la definición de criterios de actuación frente a hechos violentos, la creación de un sistema de alertas tempranas de conflictividad social y el fortalecimiento de los Puestos de Mando Unificados (PMU). Además, establece medidas para garantizar corredores de movilidad destinados a ambulancias y organismos de socorro.
La norma precisa que la protesta pacífica continúa protegida y que las actuaciones de las autoridades frente a hechos violentos deben dirigirse de manera focalizada contra quienes cometan agresiones. Esto significa que las medidas adoptadas frente a conductas individuales no deben vulnerar los derechos de las demás personas que participan pacíficamente en una misma manifestación.
Otro de los aspectos contemplados es la continuidad del diálogo y la mediación durante las jornadas de movilización. Estos mecanismos deberán mantenerse incluso cuando las autoridades adelanten acciones para proteger a la población frente a conductas violentas, siempre que existan condiciones para retomar la interlocución.
Con estas disposiciones, el decreto establece nuevas pautas para la coordinación entre las autoridades durante las protestas y la atención de situaciones que puedan comprometer la movilidad, la seguridad o la prestación de servicios esenciales.