El ministro Iván Cancino solicitó a la Fiscalía establecer quién convocó los encuentros realizados en octubre de 2025 en Valledupar y si hubo presiones u ofrecimientos de beneficios para obtener declaraciones contra dirigentes políticos.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar las reuniones que sostuvieron exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro con antiguos jefes paramilitares en octubre de 2025, en un hotel de Valledupar. Los encuentros, conocidos como el fallido ‘pacto de Valledupar’, quedaron bajo cuestionamiento por los señalamientos sobre una presunta intención de obtener declaraciones contra figuras políticas.
En un oficio de tres páginas, Cancino solicitó esclarecer quiénes participaron en las reuniones, quién las convocó, de dónde provenían las instrucciones transmitidas y cuál era el verdadero propósito de los encuentros. El ministro consideró que existen señalamientos suficientemente graves para que el ente acusador los examine con rigor.
La solicitud se produjo tras las declaraciones de Angie Rodríguez, exjefa de gabinete presidencial, en el medio digital Vértice Noticias; la entrevista concedida a Caracol Radio por Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso, quien aseguró haber presenciado las reuniones; y una columna del periodista Melquisedec Torres publicada en el diario El Colombiano.
Según los señalamientos conocidos, las reuniones habrían buscado que antiguos comandantes paramilitares declararan contra el entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y Abelardo De la Espriella, hoy presidente de la República. La presunta finalidad habría estado relacionada con el escenario político previo a la campaña presidencial.
Por eso, el Ministerio de Justicia pidió establecer si durante los encuentros hubo instrucciones, presiones o promesas de beneficios para obtener determinadas declaraciones. La investigación también deberá esclarecer quién habría impartido esas instrucciones y si existió algún intento de utilizar a los exjefes paramilitares para favorecer intereses políticos.
En el oficio, Cancino advirtió que no sería aceptable fabricar acusaciones para afectar la honra de una persona o poner la justicia al servicio de disputas políticas. Sin embargo, también señaló que las publicaciones y los testimonios conocidos no pueden convertirse en condenas anticipadas.
La solicitud busca que la Fiscalía verifique los hechos y determine si existen elementos para abrir o ampliar una investigación penal. Hasta el momento, los señalamientos sobre el propósito de las reuniones deben entenderse como versiones pendientes de comprobación, no como responsabilidades judiciales establecidas.