El abogado y exmagistrado del Consejo de Estado fue elegido para dirigir la Jurisdicción Especial para la Paz durante el periodo 2026-2028. Su llegada se produce en medio de las discusiones por el presupuesto de la entidad y los desafíos para avanzar en los procesos relacionados con el conflicto armado.
El departamento del Tolima tendrá a uno de sus hijos al frente de una de las instituciones judiciales más importantes del país. Danilo Alfonso Rojas Betancourth, nacido en San Antonio, fue elegido como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cargo que asumirá el próximo 5 de noviembre y en el que permanecerá durante el periodo 2026-2028.
Rojas obtuvo 23 votos, frente a los 11 que recibió la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra y los dos del magistrado Camilo Suárez Aldana. Reemplazará a Alejandro Ramelli Arteaga, quien ocupa la presidencia desde noviembre de 2024.
Rojas es abogado de la Universidad Libre y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Público, Derecho Administrativo e Instituciones Jurídico-Políticas. También cursó una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, formación que acompañó con una trayectoria en la Rama Judicial, la academia y el trabajo relacionado con los derechos humanos.
Uno de los capítulos más importantes de su carrera ocurrió en el Consejo de Estado. En 2010 fue elegido magistrado de esa corporación y, en 2016, llegó a su presidencia. Durante su trayectoria también se desempeñó como director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y trabajó con organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Noruego para los Refugiados.
Su recorrido académico incluye labores como docente universitario y director del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Estos antecedentes lo ubican entre los juristas con experiencia en derecho público, administración de justicia y derechos humanos.
En abril de 2018, Rojas se vinculó a la Jurisdicción Especial para la Paz, creada a partir del Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano. Actualmente integra la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, instancia encargada de resolver recursos contra decisiones judiciales de esta jurisdicción.
Durante su paso por esa sección participó en la decisión que mantuvo al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dentro de la competencia de la JEP. El pronunciamiento generó controversia y dio lugar a una recusación presentada por la Procuraduría contra varios magistrados, entre ellos Rojas, según los reportes sobre el caso.
Su elección como presidente representa un nuevo capítulo en su carrera judicial, pero también lo pone al frente de una entidad cuyas decisiones tienen repercusiones para las víctimas del conflicto armado, los comparecientes y el cumplimiento de los compromisos de justicia transicional.
Uno de los principales desafíos de su administración será mantener el funcionamiento de la JEP en medio de las restricciones presupuestales previstas para 2027. Según los reportes publicados tras su elección, el presupuesto aprobado contempla una reducción de 181.000 millones de pesos para la entidad, situación que plantea interrogantes sobre la disponibilidad de recursos para desarrollar sus funciones.