María Clara Posada, Gabriel Vallejo y Andrés Forero respaldaron los recortes al gasto público y la reducción del tamaño del Estado, pero cuestionaron los cambios tributarios que contempla la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La Ley de Rescate Fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a generar reparos en el Congreso. Aunque algunos sectores del Centro Democrático respaldan las medidas de austeridad y reducción del gasto público contempladas en la iniciativa, varios de sus congresistas anunciaron que no acompañarán los componentes tributarios que, a su juicio, aumentarían las cargas económicas de los trabajadores y la clase media.
Una de las voces más críticas fue la representante a la Cámara María Clara Posada, quien destacó algunos puntos del proyecto, entre ellos la reducción del 20 % en los gastos de nómina estatal, el recorte del 50 % en los costos de los contratos de prestación de servicios y la disminución progresiva de la tarifa de renta corporativa del 35 % al 31 %.
También respaldó los límites a los gastos en eventos, publicidad oficial y otros rubros que considera no esenciales. Sin embargo, advirtió que la iniciativa incluye modificaciones tributarias que terminarían afectando los ingresos de los hogares colombianos.
Entre sus principales cuestionamientos mencionó el incremento progresivo de la cotización de los empleados al sistema de salud, que pasaría del 4 % al 8 %, así como la reducción de las rentas laborales exentas, de $41 millones a $32 millones.
Posada también alertó sobre la ampliación de la base gravable del impuesto de renta para incluir a personas con ingresos mensuales de entre $3 millones y $4,7 millones, además de la reducción del umbral de rentas exentas para determinar la renta líquida gravable y la aplicación de retención en la fuente desde ingresos mensuales de $3,4 millones.
Otro de los puntos que cuestionó es la ampliación de los productos y servicios gravados con la tarifa plena del IVA del 19 %. Según explicó, la propuesta contempla incluir frutas, insumos agrícolas, café, azúcar, chocolate, aceite, pastas, medicina prepagada, computadores, tabletas, bicicletas eléctricas y celulares de bajo valor.
A esto sumó su preocupación por la eliminación de beneficios tributarios por dependientes en las declaraciones de renta y el incremento del IVA a las bebidas alcohólicas, que pasaría del 5 % al 19 %, con posibles repercusiones en los ingresos de los departamentos.
“La clase media siempre termina pagando los platos rotos del derroche del Estado. Las familias no aguantan un impuesto más y esta Ley les mete la mano en el bolsillo de forma descarada”, afirmó Posada, quien anticipó su voto negativo frente a las disposiciones que incrementen las obligaciones tributarias de este sector.
A los cuestionamientos se sumó Gabriel Vallejo, quien defendió la postura de su colectividad frente al tamaño del Estado y la política tributaria. El dirigente señaló que el país necesita una administración más pequeña, austera y limitada, con menores cargas impositivas para los ciudadanos y las empresas.
“Es mejor un peso en el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos colombianos que un peso de más impuestos en manos del Estado”, manifestó.
Por su parte, el senador Andrés Forero también anunció su respaldo a las medidas encaminadas a reducir el gasto público, disminuir el tamaño del Estado y eliminar o fusionar entidades. No obstante, advirtió que no acompañará la mayoría de las disposiciones tributarias incluidas en el proyecto.
El congresista puso especial atención en los cambios propuestos para el sector salud y cuestionó el incremento del IVA a las pólizas de salud y los planes de medicina prepagada, cuya tarifa pasaría del 5 % al 19 %.
“En medio de la crisis que vive el sector salud, rechazo categóricamente que el Gobierno pretenda subir de 5 % a 19 % el cobro del IVA a las pólizas de salud y planes de medicina prepagada. ¡Que conmigo no cuenten para eso!”, expresó.
De esta manera, la iniciativa fiscal comienza su discusión legislativa con reparos incluso desde sectores que respaldan parte de la agenda de austeridad del Gobierno. La principal diferencia está en cómo financiar el ajuste de las finanzas públicas y quiénes terminarían asumiendo el costo de las medidas tributarias.