El representante a la Cámara lanzó fuertes cuestionamientos a Olga Lucía Alfonso por la presencia de maquinaria amarilla en el sur del departamento y aseguró que cerca de 400 excavadoras estarían operando en medio de la minería ilegal.
Un fuerte reclamo hizo el representante a la Cámara Renzo García a la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, por el avance de la minería ilegal en el sur del Tolima. Durante su intervención, el congresista cuestionó la gestión de la funcionaria y le atribuyó responsabilidad política por el deterioro ambiental y la presencia de maquinaria utilizada para esta actividad.
“¿Por qué están destruyendo el departamento del Tolima en cabezas de ustedes?”, fue una de las preguntas que García le planteó directamente a la directora de la autoridad ambiental.
El congresista aseguró que la expansión de la minería ilegal coincide con el periodo en el que Alfonso ha estado al frente de Cortolima. Además, afirmó que actualmente habría cerca de 400 excavadoras y máquinas amarillas operando en el territorio.
Según García, esta maquinaria transita incluso frente a instalaciones militares, puestos de Policía, zonas urbanas y centros poblados, sin que exista una respuesta efectiva para impedir el avance de estas actividades.
“Ha sido su periodo que la minería criminal hoy está destruyendo el departamento”, manifestó el representante, quien también cuestionó la influencia del grupo político al que pertenece la directora en diferentes instituciones del Tolima.
En ese sentido, señaló que ese sector político tiene incidencia en Cortolima y la Universidad del Tolima, entre otros escenarios, y cuestionó que, pese a esa presencia, la situación ambiental y de seguridad en el departamento continúe deteriorándose.
“En cabezas de ustedes vamos de mal a peor”, expresó García durante su intervención.
Finalmente, el representante insistió en la necesidad de una coordinación efectiva entre las instituciones para enfrentar la problemática y garantizar la protección de las comunidades y los recursos naturales.
“Lo que necesitamos es una coordinación efectiva que permita garantizar los derechos fundamentales del territorio, de las comunidades, pero también la protección de la vida de nuestra universidad, de nuestro bosque, de nuestras cuestas, de nuestro río”, concluyó.