Gustavo Osorio y Andrés Herrera debatieron sobre el deterioro del orden público en el departamento. Mientras uno responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por el fortalecimiento de los grupos armados, el otro cuestionó al barretismo, a la Gobernación y a las alcaldías por su manejo de la seguridad y la minería ilegal.
La crisis de seguridad que atraviesa el Tolima y las responsabilidades políticas frente al fortalecimiento de los grupos armados protagonizaron un debate en Al Contraste, donde dos posiciones contrarias expusieron sus argumentos sobre las causas del deterioro del orden público, particularmente en el sur del departamento, tras el atentado ocurrido en Planadas que dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses.
En la mesa de discusión participaron el abogado Gustavo Osorio y Andrés Herrera, quienes tuvieron un intercambio de señalamientos sobre el papel de los gobiernos nacional y departamental, las administraciones municipales y las estrategias para enfrentar a las estructuras criminales que operan en territorios como Ataco y Planadas.
Por un lado, Gustavo Osorio sostuvo que la situación actual es consecuencia de decisiones tomadas durante administraciones anteriores, especialmente en los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Según su interpretación, las políticas de seguridad permitieron que las disidencias de las Farc se reorganizaran, fortalecieran su capacidad armada y consolidaran economías ilegales.
El abogado defendió la estrategia del presidente Abelardo de la Espriella y aseguró que su Gobierno está enfrentando a las organizaciones criminales mediante la confrontación directa. Incluso manifestó que espera que para finales del próximo año la situación esté controlada.
Osorio también relacionó los ataques en el sur del Tolima con los intereses económicos alrededor de la minería ilegal en Ataco. Aseguró que estas estructuras encuentran en la explotación del oro una fuente de financiación y cuestionó que durante los últimos años hayan logrado expandirse en el territorio.
Sin embargo, Andrés Herrera planteó una lectura diferente y cuestionó que la responsabilidad de la inseguridad se traslade exclusivamente al Gobierno nacional. El panelista señaló directamente al barretismo, que ha tenido influencia en buena parte de las administraciones municipales del departamento, y recordó que los alcaldes tienen responsabilidades constitucionales en materia de seguridad.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la minería ilegal en Ataco. Herrera mencionó las denuncias del representante Renzo García sobre el ingreso de más de 400 paladragas al río Ataco y cuestionó la falta de controles para impedir que estas máquinas continúen operando.
También puso sobre la mesa las denuncias del exalcalde de Chaparral sobre una presunta utilización de recursos provenientes del oro ilegal para financiar campañas políticas en el sur del Tolima. En ese sentido, cuestionó la actuación de las autoridades ambientales y la Gobernación frente a esta problemática.
«El barretismo lleva casi 20 años en el poder, que solo son buenos para excusarse y lavarse las manos», manifestó Herrera, quien insistió en que las administraciones departamental y municipales también deben responder por los resultados de sus estrategias de seguridad.
La discusión subió de tono cuando Osorio defendió la responsabilidad del Gobierno nacional en el manejo de las Fuerzas Militares y aseguró que durante la administración de Petro hubo una ausencia de liderazgo frente a los grupos armados. Herrera, por su parte, cuestionó la estrategia del actual mandatario y afirmó que no basta con anunciar operaciones militares, sino que también se deben tomar medidas para frenar las economías ilegales.
Entre las alternativas planteadas, Herrera insistió en controlar la distribución de combustible utilizado por las paladragas, al considerar que restringir ese suministro podría afectar directamente la operación de la minería criminal. También pidió respuestas sobre las presuntas relaciones entre estructuras ilegales y sectores políticos del departamento, señalamientos que fueron expuestos durante el debate.
De esta manera, el intercambio dejó en evidencia dos posiciones enfrentadas sobre la crisis de seguridad del Tolima: una que atribuye el fortalecimiento de los grupos armados a las decisiones de gobiernos anteriores y otra que exige responsabilidades al poder político regional, especialmente al barretismo, por la situación que se vive en municipios del sur del departamento.