La Dirección Especializada contra la Corrupción inició labores de policía judicial para establecer si hubo irregularidades en gestiones relacionadas con contratos estatales. Las denuncias fueron divulgadas inicialmente por la revista Semana.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez y su hermana, Verónica Guerrero Jiménez, con el propósito de establecer si incurrieron en posibles irregularidades relacionadas con procesos de contratación pública.
La investigación quedó en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que ya ordenó las primeras actividades de policía judicial para recopilar elementos que permitan determinar qué ocurrió y establecer las posibles responsabilidades.
El proceso se inició luego de las informaciones divulgadas durante el pasado fin de semana, entre ellas una publicación de la revista Semana que presentó testimonios de empresarios, conversaciones de WhatsApp, audios y documentos relacionados con consignaciones bancarias.
De acuerdo con esas denuncias, los hechos se habrían registrado desde el segundo semestre de 2024 y estarían relacionados con empresarios de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, quienes habrían buscado acceder a contratos con entidades estatales.
Según los testimonios recopilados, a los empresarios se les habría cobrado inicialmente un millón de pesos por una reunión. Posteriormente, presuntamente se les solicitaban pagos de hasta 200 millones de pesos, además de un porcentaje equivalente al 10 por ciento del valor de los proyectos que fueran adjudicados.
Parte de los recursos, de acuerdo con las denuncias, habría sido entregada a través de David Trespalacios, señalado como una persona cercana. Sin embargo, ante diferencias posteriores, algunos de los pagos habrían terminado directamente en cuentas bancarias de las hermanas Guerrero.
Tres empresarios aseguraron haber entregado más de 600 millones de pesos en total, sin que los contratos que, según sus denuncias, les fueron ofrecidos llegaran a concretarse. También señalaron que los recursos entregados no habrían sido devueltos.
La información publicada incluye conversaciones relacionadas con proyectos de acueducto en el Cesar, programas de mejoramiento de vivienda y posibles gestiones ante entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad. También aparecen referencias a la Agencia Nacional de Tierras y al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
En las conversaciones conocidas, según los documentos periodísticos, las hermanas Guerrero habrían manifestado tener capacidad de interlocución con funcionarios de alto nivel del Gobierno.
Los denunciantes también señalaron que en algunos chats se utilizaba la expresión «jefe de jefes», que presuntamente hacía referencia al presidente Gustavo Petro, como una forma de transmitir confianza sobre el avance de las gestiones.
El caso incluye además las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien ha reiterado sus señalamientos sobre una presunta influencia de Juliana Guerrero en diferentes dependencias del Gobierno.
Ahora, la Fiscalía deberá avanzar en la recopilación y análisis de las pruebas para determinar si los hechos denunciados ocurrieron y si existe responsabilidad penal por las posibles irregularidades.