Un juez especializado impuso penas de entre 15 y 17 años de prisión a la exdirectora, una psicóloga y cinco auxiliares de enfermería por someter a los pacientes a castigos y amarramientos sistemáticos entre 2016 y 2017.
Lo que debía ser un lugar de atención para nueve menores de edad con discapacidad mental o psicosocial terminó convertido, según logró establecer la justicia, en el escenario de una serie de prácticas de sometimiento que se extendieron durante meses. Los niños habían sido remitidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y estaban bajo el cuidado de una fundación en Ibagué.
La investigación de la Fiscalía permitió reconstruir lo ocurrido durante el segundo semestre de 2016 y el año 2017. En ese periodo, siete integrantes del personal de la institución habrían utilizado de manera reiterada mecanismos de contención física y psicológica que, de acuerdo con las pruebas presentadas ante el juez, no respondían a emergencias médicas o psiquiátricas.
Las maniobras terminaron siendo utilizadas como una forma de castigo. Según la investigación, los menores eran sometidos a estas prácticas ante situaciones como llorar, desobedecer instrucciones, negarse a comer o reaccionar como consecuencia de sus propias patologías. La contención, que debía tener una justificación médica en casos excepcionales, habría sido utilizada de manera sistemática para intimidar y someter a los pacientes.
En el proceso penal fueron señalados la entonces directora de la institución, Johanna Dignore Rodríguez Olaya; la psicóloga Yenifer Stefany Salcedo Cartagena, y los auxiliares de enfermería Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago.
Un juez especializado de conocimiento encontró responsabilidad penal en los siete procesados por los delitos de concierto para delinquir y tortura agravada, de acuerdo con la participación atribuida individualmente a cada uno.
La decisión judicial impuso penas de entre 15 y 17 años de prisión. Además de la privación de la libertad, el despacho decretó la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la suspensión para ejercer sus respectivas profesiones por un periodo equivalente al de la pena principal.
Una de las personas condenadas cumplirá la sanción bajo detención domiciliaria, mientras que las otras seis permanecerán privadas de la libertad en establecimiento carcelario.
El caso, que se remonta a hechos ocurridos hace casi una década, terminó así con una primera decisión judicial contra quienes fueron señalados de convertir las medidas de contención en mecanismos de castigo contra menores que estaban bajo protección institucional. La sentencia corresponde a primera instancia.