La directora de la Agencia Nacional de Tierras puso bajo la lupa la gestión anterior de la entidad y aseguró que se revisarán compras de tierras, contratos y otros gastos. También anunció que los hallazgos serán trasladados a las autoridades.
La nueva directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, puso bajo la lupa el manejo de los recursos de la entidad durante la administración anterior y anunció una revisión de las compras de predios, los contratos y otros gastos que, según afirmó, superaron los $7 billones.
Garrido, quien asumió la dirección de la ANT en agosto de 2026, ha cuestionado en las últimas semanas el balance que recibió de la entidad. La funcionaria sostiene que se utilizaron millonarios recursos en la adquisición de tierras y en contratación, mientras quedaron pendientes metas relacionadas con la entrega y formalización de predios.
En la declaración, la directora cuestionó particularmente el convenio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por cerca de $1 billón, para la adquisición de predios.
“Gastarse un billón de pesos para comprarle tierras a la SAE cuando estas se pueden recibir a título gratuito resulta inaceptable”, afirmó Garrido.
La funcionaria planteó además una pregunta sobre la operación: “¿Cómo se justifica que el Estado le compre al propio Estado?”. Según explicó, la revisión se hará de manera individual sobre los predios y las operaciones realizadas.
Garrido aseguró que durante el periodo anterior se destinaron cerca de $5,5 billones a la compra de tierras. De acuerdo con sus señalamientos, en la revisión aparecen predios urbanos, industriales e improductivos, además de terrenos con restricciones o dificultades jurídicas.
También afirmó que existen registros de predios adquiridos por valores de $200 millones, $400 millones y hasta $700 millones, y cuestionó si las operaciones cumplieron con el propósito de la reforma agraria.
La directora de la ANT también se refirió a la contratación de servicios. En su intervención habló de aproximadamente $1,67 billones en contratos de prestación de servicios, además de $166.000 millones en operación logística y $52.000 millones en planes de medios.
Estos cuestionamientos se suman a declaraciones anteriores de Garrido, en las que señaló que durante el cuatrienio anterior se realizaron cerca de 40.000 contratos y que el gasto en contratos de prestación de servicios llegó a $1,6 billones. La funcionaria anunció auditorías y el traslado de los hallazgos a los organismos de control.
Otro de los aspectos señalados por Garrido corresponde a los resultados de la política de acceso y formalización de tierras.
La directora aseguró que la administración anterior dejó 99.477 hectáreas entregadas con título de propiedad, frente a una meta de 1,5 millones de hectáreas, cifra que, según sus cálculos, representa el 6,6 % del objetivo de entrega.
En materia de formalización, Garrido también ha señalado que la meta era de 3,9 millones de hectáreas y que se habría alcanzado el 41 %.
La ANT, sin embargo, había reportado meses atrás resultados diferentes sobre la gestión de la administración anterior: en abril de 2026 informó más de 1,677 millones de hectáreas formalizadas y más de 145.500 hectáreas entregadas. Estas cifras corresponden a indicadores distintos de los utilizados posteriormente por Garrido, por lo que el alcance exacto de cada medición depende de la definición y el periodo utilizado.
La directora de la ANT aseguró que los hallazgos que sean considerados irregulares serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
“Lo que encontremos será puesto en conocimiento en las autoridades”, afirmó Garrido, quien también sostuvo que la entidad revisará cada predio, contrato y recurso comprometido.
En declaraciones anteriores, la funcionaria informó que el representante judicial de la ANT presentaría denuncias penales y disciplinarias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por hechos que están siendo examinados mediante auditorías forenses.
La directora también ha defendido que la nueva administración concentre los recursos disponibles en la formalización, adjudicación y seguridad jurídica de los campesinos. Para 2027, la ANT contempla un presupuesto estimado de $556.767 millones, de acuerdo con lo expuesto por Garrido ante el Senado.
Mientras avanzan las revisiones, las afirmaciones sobre posibles irregularidades en la compra de tierras y la contratación deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes, en caso de que los hallazgos sean trasladados a investigaciones formales.