Líderes comunitarios advierten que cada vez hay más puestos de venta, carpas y estructuras comerciales ocupando andenes y zonas verdes del sector.
La falta de control sobre las ventas informales sigue generando inconformidad entre los habitantes de la Arboleda Campestre, en Ibagué.
Líderes comunitarios advierten que la presencia de vendedores ha venido aumentando en el sector, donde cada vez son más visibles los puestos, carpas y estructuras comerciales instaladas sobre andenes y zonas verdes, sin que, según denuncian, exista una intervención efectiva de la Alcaldía para regular esta actividad.
Luis Gonzalo Duarte, uno de los líderes comunitarios, señaló que la problemática no es nueva, pero cuestionó que, pese al tiempo que lleva presentándose, las autoridades no hayan conseguido establecer un control sobre la ocupación del espacio público. Aunque reconoció que los vendedores informales tienen derecho al trabajo, insistió en que su actividad no puede desarrollarse desconociendo los derechos de los residentes y peatones.
Durante un recorrido por la Arboleda Campestre se evidenciaron puestos de venta, carpas, mesas y otras estructuras ubicadas en espacios destinados a la circulación peatonal y a las zonas verdes. Los líderes aseguran que esta situación dificulta el tránsito, afecta los accesos a los conjuntos residenciales y genera molestias para quienes viven cerca de estos establecimientos.
A las dificultades de movilidad se suman las preocupaciones por las condiciones de salubridad, los olores derivados de la preparación de alimentos y el ruido que producen algunos negocios. Según Duarte, hay vendedores que terminan ocupando jardines y zonas comunes, mientras los residentes sienten que no existen mecanismos efectivos para evitar que la situación siga extendiéndose.
Los habitantes también hicieron un llamado a la constructora Bolívar para que revise las condiciones de las zonas comerciales y comunes del sector y contribuya a encontrar soluciones. Entretanto, la comunidad insiste en que no se trata de desconocer el derecho al trabajo de los vendedores, sino de exigir que la Administración municipal ejerza su autoridad y evite que la actividad comercial termine imponiéndose sobre los espacios destinados a todos los ciudadanos.